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El Salvador: se entrega exsecretario de Comunicaciones

SAN SALVADOR (AP) — El exsecretario de Comunicaciones de la casa presidencial de El Salvador se entregó el jueves a la justicia para responder por el cargo de lavado de dinero vinculado con una red de corrupción supuestamente liderada por el expresidente Mauricio Funes.

“Rechazo enfáticamente las imputaciones en mi contra y me declaro inocente”, dijo David Rivas al llegar al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. Agregó que a lo largo de su carrera profesional y el ejercicio como funcionario público “siempre me caractericé por mi desempeño honrado y honesto. Por tal razón me he puesto a disposición de las autoridades judiciales”.

La investigación de la Fiscalía General detectó que Rivas tuvo “ingresos no justificados” por más de un millón de dólares. En sus cuentas bancarias le encontraron movimientos por 447.000 dólares y 26 cheques por 734.000 dólares provenientes de fondos del Estado.

En su defensa Rivas argumentó que “los fondos mencionados fueron utilizados hasta el último centavo para las operaciones administrativas” de la Secretaría de Comunicaciones y que oportunamente fueron liquidados y presentados los respectivos comprobantes.

Al trascender que Rivas se entregó, la Fiscalía solicitó a la policía que haga efectivas las órdenes de captura contra el resto de los implicados.

La Fiscalía giró la semana pasada 31 órdenes de detención, entre ellas la del expresidente Funes, así como otros exfuncionarios, empleados de Casa Presidencial, familiares de Funes y otras personas particulares.

De las órdenes de captura que se han emitido, la policía solo había logrado la detención de seis de los imputados, para los que el juez Salomón Landaverde, decretó detención preventiva, y luego ordenó la captura de la ex primera dama, Vanda Pignato, que encuentra hospitalizada en un centro médico afectada por insuficiencia renal aguda.

El juez aún tiene pendiente resolver la situación jurídica del expresidente Funes, su actual paraje Ada Mitchelle Guzmán Sigüenza, y dos de sus hijos que se encuentran en Nicaragua desde 2016, donde recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Según la acusación fiscal, Funes y uno de sus amigos más cercanos, el expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, y empresario cafetalero, Miguel Menéndez, “crearon una estructura sofisticada para extraer fondos públicos”, entre los años 2009 y 2015.

El Fiscal General Douglas Meléndez aseguró que fueron “hasta 292 millones (de dólares) de los fondos retirados en efectivo del (estatal) Banco Hipotecario” y que “este procedimiento se había retirado en efectivo… en cantidades millonarias en físico a través de bolsas negras para la basura”.

Según la Fiscalía, Funes gastó 4,5 millones de dólares en viajes de placer a distintas partes del mundo, pagando también boletos de avión para sus familiares y de los de su compañera de vida.

Durante la investigación se encontraron 14 inmuebles en el país que son propiedad de Funes, pero que están a nombre de testaferros y han dado con otras propiedades a su nombre en Estados Unidos.

Funes, de 58 años y que llegó al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el tercer expresidente salvadoreño procesado por el supuesto desvío de fondos públicos.

En noviembre de 2017, un tribunal civil condenó a Funes por enriquecimiento ilícito y le ordenó devolver el dinero al Estado. En la misma resolución, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador condenó a su hijo, Carlos Mauricio Funes Cañas, por el mismo delito e inhabilitó a Funes para ocupar cargos públicos por los próximos 10 años.

El expresidente Francisco Flores (1999-2004) murió en enero de 2016 cuando se encontraba bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio por el supuesto desvío de 15 millones de dólares en 2001.

Por su parte, Tony Saca, que gobernó entre 2004 a 2009, está siendo procesado por el presunto desvío de al menos 246 millones de dólares y según las autoridades de ese monto unos 116 millones fueron cobrados en efectivo y remitidos a cuentas particulares de empleados de Casa Presidencial y luego trasferidos a cuentas y empresas, algunas de Saca.

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AP
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