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Frenan verificaron de empleos en empresas PDF Imprimir Enviar nota a un amigo
Friday, 12 October 2007

SAN FRANCISCO. Un juez federal aceptó una petición de organizaciones sindicales y de defensa de las libertades civiles para bloquear de manera temporal un plan del gobierno de Estados Unidos de lanzar una campaña contra empresas que empleen a inmigrantes indocumentados.

El juez federal Charles Breyer dijo que la Administración de Seguridad Social y el Departamento de Seguridad Interior -DHS por sus siglas en inglés- no pueden seguir adelante con un plan para enviar cartas de ambas agencias advirtiéndole a las empresas que enfrentan multas, o sanciones si mantienen en sus nóminas a trabajadores cuyos números de Seguro Social no coincidan con sus nombres.

Breyer dijo que las nuevas normas podrían causarle muchas dificultades a las empresas y a sus empleados.

"Los demandantes han demostrado que se verán afectados de una manera irreparable si le permite al DHS implementar la nueva norma", escribió Breyer al bloquear la medida.

Las cartas de las agencias federales debían comenzar a ser enviadas en septiembre, pero grupos sindicales y defensores de los indocumentados entablaron una demanda señalando que el plan causaría fuertes problemas a los empleadores, y podría hacer que muchos inmigrantes autorizados a trabajar en Estados Unidos, así como ciudadanos norteamericanos, perdieran sus empleos debido a inocentes problemas de papeleo burocrático.

El gobierno alega que buena parte de los problemas en los registros de la Seguridad Social son resultado de que indocumentados usan documentos falsos para obtener sus trabajos.

En agosto, el secretario del Departamento de Seguridad Interior, Michael Chertoff, anunció que su agencia comenzaría a informar a los empleadores que si los empleados no aclaraban sus problemas con los números de la Seguridad Social en el lapso de 90 días, tendrían que ser despedidos. De lo contrario, se sancionaría a los empleadores.

La medida debió entrar en efecto a partir de septiembre, con el envío de unos 140.000 correos cada uno con los nombres de 10 empleados cuyos nombres no coincidían con los números del Seguro Social.

 

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