|
El relevo del secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella Ibarra, es una respuesta a la ola de violencia que ya cobró más de 380 vidas en la ciudad fronteriza desde septiembre hasta el día de hoy. La designación en su reemplazo del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, quien era director de la Policía Municipal de Tijuana y del teniente capitán primero de Infantería Gustavo Huerta Martínez al puesto de Pérez refuerza la presencia militar en la ciudad.
Los soldados están en la calle, pero su presencia no frena la cruenta guerra entre la banda de los Arellano Félix y el Cartel de Sinaloa que mata tanto a inocentes y como responsables de actividades ilícitas.En este aspecto nos preocupa cada vez que un ejército toma función policial, para la cual no está preparado, allí suenan advertencias sobre el respeto a los derechos humanos, que no pueden ser ignoradas. La participación militar en la vigilancia civil en general es una mala idea, aunque las alternativas en México son pocas. El gobierno del presidente Calderón estimó en estos días que el 49% de los 56 mil policías de todo el país carecen de calificación para ocupar sus cargos. Este porcentaje refleja un panorama desolador, con profundos problemas estructurales que van más allá de la violencia originada por el narcotráfico. La Encuesta Nacional sobre la Inseguridad mostró que el 60% de los mexicanos no se sienten a salvo de la delincuencia en su país, sea cual fueran sus orígenes. Las circunstancias en que se halla México se gestaron a lo largo del tiempo y las solución no se logra del día a la noche. A la delincuencia se la combate a largo plazo con educación y empleos, pero hoy se está asaltando, secuestrando y matando gente. Los mexicanos no tienen más alternativa que defender su derecho a la seguridad civil respaldando la lucha contra el narcotráfico, el combate a la corrupción en el gobierno y organismos policiales y construir una sociedad más equitativa. El problema es tan serio que nadie puede esperar una solución fácil. El relevo del secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella Ibarra, es una respuesta a la ola de violencia que ya cobró más de 380 vidas en la ciudad fronteriza desde septiembre hasta el día de hoy. La designación en su reemplazo del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, quien era director de la Policía Municipal de Tijuana y del teniente capitán primero de Infantería Gustavo Huerta Martínez al puesto de Pérez refuerza la presencia militar en la ciudad. Los soldados están en la calle, pero su presencia no frena la cruenta guerra entre la banda de los Arellano Félix y el Cartel de Sinaloa que mata tanto a inocentes y como responsables de actividades ilícitas. En este aspecto nos preocupa cada vez que un ejército toma función policial, para la cual no está preparado, allí suenan advertencias sobre el respeto a los derechos humanos, que no pueden ser ignoradas. La participación militar en la vigilancia civil en general es una mala idea, aunque las alternativas en México son pocas. El gobierno del presidente Calderón estimó en estos días que el 49% de los 56 mil policías de todo el país carecen de calificación para ocupar sus cargos. Este porcentaje refleja un panorama desolador, con profundos problemas estructurales que van más allá de la violencia originada por el narcotráfico. La Encuesta Nacional sobre la Inseguridad mostró que el 60% de los mexicanos no se sienten a salvo de la delincuencia en su país, sea cual fueran sus orígenes. Las circunstancias en que se halla México se gestaron a lo largo del tiempo y las solución no se logra del día a la noche. A la delincuencia se la combate a largo plazo con educación y empleos, pero hoy se está asaltando, secuestrando y matando gente. Los mexicanos no tienen más alternativa que defender su derecho a la seguridad civil respaldando la lucha contra el narcotráfico, el combate a la corrupción en el gobierno y organismos policiales y construir una sociedad más equitativa. El problema es tan serio que nadie puede esperar una solución fácil. |
