La falta de una reforma integral de inmigración deja un vacío legal que las autoridades aprovechan para restringir las protecciones ante la ley que gozan los inmigrantes. No importa que haya interpretaciones contradictorias dentro de una misma agencia federal, como ocurre en el Departamento de Justicia.

Por ejemplo, ya se inició la expansión de la toma de muestras de ADN de los detenidos por las autoridades migratorias, al igual que a los arrestados por delitos federales. Así inmigrantes y presuntos delincuentes caen en la misma bolsa.

Sin embargo, el Secretario de Justicia, Michael Mukasey, determinó que los procesados ante tribunales de inmigración no tienen el derecho a una apelación bajo el argumento de una mala representación. Al mismo tiempo, el funcionario reafirmó la política en que los procesados ante los tribunales de inmigración no tienen derecho a un abogado, argumentando que son casos civiles y que la Constitución no contempla ese derecho en esas circunstancias.

En resumen, los detenidos por infracciones a la inmigración son tratados como sospechosos de delitos penales a la hora de invadirse su privacidad para obtener material genético. Empero, sus casos son considerados civiles para decidir que no tienen derecho a un abogado. ¿En qué quedamos?

Es indignante que a pocos días de terminar este gobierno se hagan cambios que limitan los derecho del inmigrante. Mucho peor, es la malicia utilizada por las autoridades federales para manipular definiciones y categorías con tal de perjudicarlo y seguir hostigándolo.