La petición formal de asilo del líder opositor venezolano Manuel Rosales coloca a la cancillería, y al Gobierno Peruano, ante lo que debe ser una decisión ajustada a una evaluación objetiva y ponderada, pero también a los preceptos del derecho, la doctrina y la reconocida tradición peruana promotora del asilo.

Veamos. La trayectoria política de Rosales es ampliamente conocida. Aparte de ser alcalde de Maracaibo se ha erigido como una figura descollante del movimiento opositor, primero regional y luego nacional, por lo que se ganó el odio del autócrata Hugo Chávez. Además, se da como circunstancia agravante —que abona para conceder el asilo— la amenaza de Chávez de mandarlo a la cárcel en uno de sus mítines: “Te voy a borrar del mapa político venezolano estoy decidido a meter preso a Rosales”, dijo.

La reacción del aparato gubernamental venezolano, que no se caracteriza por la independencia de sus poderes públicos sino por el sometimiento a Chávez, ha sido rápida y previsible. Primero Rosales fue denunciado judicialmente por supuesto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial cuando fue gobernador del estado de Zulia. Paralelamente, Chávez creó una serie de organismos paralelos que resten poder, peso político y capacidad de gestión a las autoridades regionales y alcaldías. Y se dio una orden de captura contra Rosales.

¿Sorprende, en estas circunstancias, la salida de Rosales de su país y su petición de asilo? Pues, definitivamente, no.

De acuerdo con el mandato constitucional  “el Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue”.

El concepto de asilo es una tradición milenaria, que se remonta a los tiempos de los faraones y fue acogida por la tradición romana y católica, como parte del derecho humanitario y político, para proteger garantías individuales y defender a personas que, en su propio país, pudieran ser afectadas en su derecho de opinión o sus convicciones políticas. Se trata, además, de una institución jurídica especialmente arraigada en América Latina.

Rosales está ahora bajo la protección del Estado Peruano, por lo que no procederían requerimientos de detención internacional. Dicho esto, ha sido inoportuno el discurso altamente político que dio contra Chávez en Lima, cuando está en curso el pedido de asilo. Por ello, concordamos con la seria advertencia que le ha hecho el canciller José Antonio García Belaunde en el sentido de que no puede utilizar nuestro país como plataforma política, pues ello violaría una regla básica del refugio.

Somos conscientes de la trascendental decisión que deberá tomar el Gobierno en los próximos días. Pero, por principio y por tradición internacional, esperamos que la eventual aprobación del asilo de Rosales sea entendida como la protección de garantías individuales, y no afecte las relaciones con Venezuela, que ya han pasado por serios altibajos en la campaña electoral cuando Chávez apoyó abiertamente a Humala, interfiriendo en asuntos internos del Perú, y atacó al entonces candidato Alan García.