WASHINGTON (AFP). El presupuesto que presentó el presidente Barack Obama para el ejercicio del año fiscal 2011 prevé el aumento de los recursos destinados a programas migratorios y reforzar la seguridad fronteriza, con énfasis en la lucha contra los carteles de la droga mexicanos. Obama pidió al Congreso destinar 4 mil 600 millones de dólares para reforzar la labor de la Patrulla Fronteriza, completar el primer tramo del muro virtual entre México y Estados Unidos y multiplicar las tareas de localización, deportación de indocumentados, y con énfasis en la lucha contra los carteles de la droga mexicanos.

Los dos departamentos encargados de esas áreas, Seguridad Nacional (DHS) y Justicia (DOJ), solicitaron presupuestos totales de $56,300 millones y $29,200 millones respectivamente, según informaron en sendos comunicados enviados por ambas carteras.

El ministerio bajo el mando de Napolitano tiene previsto dedicar $44.8 millones para dotar a la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, una de las 23 agencias que integran el DHS) de casi 390 nuevos funcionarios, mientras que con $10 millones instalará tres nuevas oficinas para garantizar la seguridad fronteriza.

Otros $10 millones financiarán 103 puestos de trabajo para analistas de inteligencia en la CBP y $1,400 millones renovarán a la Guardia Costera.

Por su parte, dentro del presupuesto que solicitó el gobierno, el Departamento de Justicia dedicará $5,000 millones al combate del tráfico de drogas, las redes de distribución y la violencia de los carteles mexicanos y las pandillas.

Señaló además que espera recibir durante 2011 unos 400,000 nuevos casos migratorios, por lo que tiene previsto contratar a 31 fiscales, 21 jueces migratorios y 10 abogados de apelaciones para ocuparse de la carga laboral.

Por su parte, el DHS anunció que en 2011 dedicará más de $100 millones a expandir el programa conocido como E-Verify, que le permite a las empresas asegurarse de que los inmigrantes que contratan tienen su documentación en regla.

El DHS dijo además que otros $147 millones se dedicarán a un programa para identificar y deportar a criminales peligrosos indocumentados.