Por Roberto Ramírez Bravo

Los hermanos Óscar y Aurelio Serrano Gómez, trabajadores de oficios varios, a veces albañiles, a veces comerciantes, están a punto de ser condenados a purgar una pena que podría ser, de acuerdo con las leyes penales vigentes en el estado de Guerrero, de hasta 40 años de prisión.

El motivo: los acusan del secuestro de un menor, pero su proceso está plagado de una serie de irregularidades, de las cuales la más grave es que el supuesto secuestrado ha aparecido públicamente y ha presentado declaración ministerial donde asegura que ni siquiera conoce a sus presuntos raptores.

La historia es una más de esas curiosidades kafkianas que pueblan el sistema judicial mexicano y que permiten no sólo condenar con impunidad a inocentes, sino dejar en libertad a delincuentes probados.

En este caso los hechos se desarrollaron en agosto del 2005 en Ometepec, un municipio ubicado al oriente del estado, casi en las colindancias con Oaxaca, y con alta población marginada. Ahí vivían todos los involucrados en el caso.

Según su declaración ministerial, que rindió asistido por su madre, la señora María Elena Vargas, el menor José Edmundo García Vargas, de 14 años, estudiante de secundaria, un día se escapó de su casa y buscando generarse sus propios recursos para ingresar a una escuela de futbol, se dirigió a Guadalajara, como hacen cientos de ometepequenses en busca de empleo.

Pero como su salida fue propiamente una fuga, no lo dijo a nadie. En Ometepec, la desaparición del chamaco se convirtió en todo un caso. La Policía Investigadora Ministerial (antes Policía Judicial), encabezada por un comandante con varias recomendaciones en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tomás Herrera Basurto, recibió la presión de la sociedad ometepequense y pronto presentó resultados.

Detuvo a un amigo del joven desaparecido, Daniel Molina Baños, quien fue obligado –se sabría después- a relatar un secuestro e involucrar a los hermanos Serrano Gómez. Según ese relato, los hermanos subieron a un vehículo a José Edmundo y se lo llevaron a una casa en las afueras de la ciudad, pero como era de esperarse, cuando los policías acudieron al lugar no encontraron nada. El padre de los hermanos, Francisco Serrano Noyola también fue detenido y más tarde, durante el proceso, liberado.

El juicio siguió adelante. El juez rechazó encontrar responsabilidad en Daniel Molina y lo dejó en libertad, no así a los dos hermanos –que por cierto se encontraban en los tiempos del “secuestro” trabajando uno en Acapulco y el otro en Puerto Vallarta- y está a punto de dictarles sentencia inculpadora.

El caso es que un día, sin más reapareció José Edmundo y narró que en realidad se había escapado de su casa buscando trabajo y fue a Guadalajara, donde se empleó en varios oficios, pero finalmente, cansado de que no lograba reunir suficiente dinero regresó a su casa en Ometepec. Asistido por su madre presentó declaración ministerial.

Pero el juez penal Aurelio Gutiérrez Cruz y la secretaria de Acuerdos, María Sagrario Aparicio Pérez, no han podido lograr un “convenio” con los familiares de los detenidos y se preparan para dictar la sentencia condenatoria.

Hasta ahora se han rechazado recursos de los abogados de los dos hermanos y el juez no ha tomado en cuenta las declaraciones del presunto secuestrado ni de los testigos que han avalado la inocencia de los involucrados.