Por Roberto Ramírez Bravo

En la víspera de la celebración del 11º aniversario de la Policía Comunitaria –policía indígena, que opera en pueblos mixtecos, me pha´a, mixteco y náhuatl, en la región de La Montaña y la Costa Chica, y que no es bien vista por el gobierno- el Ejército mexicano desplegó una inusual movilización en la zona costera y montañosa de Guerrero.

Desde principios de octubre, según reportó el periódico El Faro de la Costa Chica, los militares establecieron retenes en las carreteras que dan acceso a los municipios de esa zona. No se trataba de las Bases de Operaciones Mixtas, en las que participan militares, policías municipales y estatales, ideadas para combatir el tráfico de enervantes, sino de una acción plenamente antisubversiva en la que sólo participaron soldados.

La Policía Comunitaria cumplió once años este domingo 15 de octubre. Se trata de una agrupación creada con base en los usos y costumbres de los pueblos indígenas en ocho municipios, entre ellos Malinaltepec, Ayutla, San Luis Acatlán, y Tlapa. Como utilizan armas –pues policías son- pero no representan a los ayuntamientos sino al mando indígena tradicional, no son bien vistos por los gobiernos ni estatal ni federal y siempre han sido hostigados a pesar de que los alcaldes de esos municipios los apoyan.

La movilización militar actual inició a principios de octubre, e incluyó prácticamente la toma de la ciudad de San Luis Acatlán –lugar de nacimiento del mítico guerrillero Genaro Vázquez Rojas, asesinado en 1974-, donde los vehículos hummer treparon por la escalinata del zócalo y se colocaron frente entre la iglesia y el ayuntamiento. El secretario del ayuntamiento, Humberto Salgado Gómez, informó que el comandante en jefe de los soldados sólo se presentó con él y le dijo que estarían ahí por tiempo indefinido. En el entronque a Marquelia, en la carretera a Tlapa y en las que van a Yoloxóchitl y El Carmen, los militares establecieron retenes, al igual que en los municipios de Ayutla, Tecoanapa y Tierra Colorada, donde, según los reportes de testigos, se han establecido en las cabeceras municipales y algunas de sus principales comunidades.

Toda esta zona es considerada una tierra pródiga en grupos armados. En 1998 en Ayutla surgió el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y el Ejército Mexicano le respondió con la matanza de 11 campesinos en la comunidad de El Charco, donde supuestamente se presentarían por primera vez, y mantuvo en sitio a la ciudad durante casi un año.

Otro municipio sitiado por militares, desde la década de los setenta, cuando surgió la guerrilla de Lucio Cabañas, es Atoyac, en la Costa Grande, al oriente de Acapulco.

En la movilización militar actual la tensión se ha agudizado porque según reportes de inteligencia gubernamental en la Costa Chica existen unos nueve grupos armados, y la zona colinda con Oaxaca, donde la tensión es todavía mayor y donde operan también varios grupos insurgentes.

Entre tanto, la población civil va quedando en medio. A más de intimidatoria, la presencia militar es violatoria de los derechos de los ciudadanos. Viola el artículo 11 constitucional, del libre tránsito por el país; viola además precepto constitucional, que señala que el Ejército debe permanecer en sus cuarteles en tiempos de paz.