CANTON. Oficiales del condado de Cherokee indicaron que retrasarán la implementación de la ordenanza que podría penalizar a propietarios que renten residencias a inmigrantes ilegales.

La ordenanza, la cual fue aprobada unánimemente por los comisionados durante el mes pasado, estaba programa para entrar en efecto ayer.

Sin embargo, los empleados del condado no están adiestrados para llevar a cabo estos nuevos refuerzos. Además, la posibilidad de la inversión monetaria para “defenderse” ante los inmigrantes ilegales ha llevado a pensar más acerca de la decisión.

Por otro lado, en la ciudad de Escondido, California, se abandonó recientemente una ley similar luego de un acuerdo en el cual pagaron 90 mil dólares a los representantes legales de grupos de derechos civiles quienes demandaron a la ciudad.

El comisionado del condado de Cherokee, Jim Hubbard, dijo que el desarrollo de esta ordenanza necesita otra discusión al respecto.

La ordenanza del condado de Cherokee requeriría a los dueños de casas a recopilar la información acerca del estatus migratorio de quienes renten sus propiedades. Esta información debe ser llevada a las oficinas del condado.

Hubbard añadió que él apoyó la ordenanza luego de que un abogado del condado les indicara a los comisionados que las multas legales, probablemente, no serían tan altas y que la ordenanza aparentaba ser legalmente sólida.

Mientras, Hubbard concluyó diciendo que el condado de Cherokee debe considerar un retraso en la implementación de la ordenanza para los dueños de casas hasta que un juez dictamine, bajo un proceso legal, la ley que es muy similar a la establecida en Hazelton, Pensilvania.

English version

Cherokee to delay new ordinance

CANTON. Cherokee County officials say they will delay enforcing a contentious ordinance that would crack down on landlords who rent to illegal immigrants.

The ordinance, which county commissioners unanimously approved last month, was scheduled to take effect yesterday.

But county workers are not trained to enforce it. And the possibility of having to spend money to defend it from legal challenges has also prompted second thoughts.

Officials in Escondido, California, recently abandoned a similar law after agreeing to pay 90-thousand dollars to lawyers representing civil rights groups who sued the city.

Cherokee County Commissioner Jim Hubbard says that development means their ordinance may need another discussion.

The Cherokee County ordinance would require landlords to collect information about renters' immigration status. Landlords would have to provide that information to the county on demand.

Hubbard says he supported the ordinance after an acting county attorney told commissioners the legal fees probably would not be high, and that the ordinance seemed on solid legal ground.

But now Hubbard says Cherokee County should consider delaying enforcement of the landlord ordinance until a judge rule on a legal challenge to a similar law in Hazelton, Pennsylvania.